¿GOBIERNO DE COALICIÓN O GOBIERNO DE GABINETE?

¿GOBIERNO DE COALICIÓN O

GOBIERNO DE GABINETE?

Ignacio Pinacho

25 de mayo de 2006

En tiempos recientes, particularmente de 1997 a la fecha, ninguna fuerza política ha logrado obtener una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. A nivel de los estados de la república, hasta antes del 6 de julio del mismo año, eran ocho los estados que contaban con gobiernos divididos (Las dos Baja Californias, Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Estado de México y Morelos). Las características en cada Estado eran diferentes, desde los casos dónde existía una mayoría absoluta distinta a la del partido del gobernador y casos donde se contaba con una fracción de primera minoría, así como aquella donde el gobernador contaba sólo con el apoyo de la mitad del congreso.

Con la primera Alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, en el año 2000, y con la elección intermedia de 2003 se ratificó la tendencia que se manifestó en 1997: ni el PRI, ni el PAN ni el PRD alcanzaron a obtener la mayoría absoluta en las Cámaras del Congreso de la Unión. Para las elecciones del próximo 2 de julio las tendencias nos demuestran que se repetirá esta nueva condición de la democracia mexicana.

Incluso, si se diera el caso, muy remoto, de que el partido o la alianza que conquistara la presidencia obtuvieran la mayoría absoluta en ambas Cámaras, para la aprobación de reformas constitucionales requerirían de la aprobación de las dos terceras partes del congreso federal y de la mayoría de los congresos locales.

En el entendido que la gobernabilidad depende de una serie de acuerdos entre las élites gobernantes, grupos sociales estratégicos y de una mayoría ciudadana, la experiencia del gobierno de Vicente Fox nos demostró que la voluntad presidencial o los diálogos con el Congreso y entre los partidos son insuficientes y limitados mientras estos no se traduzcan en reformas. Más allá de la responsabilidad que cada poder del estado tiene respecto a la nulidad de acuerdos en torno a los grandes problemas nacionales, durante estos más de cinco años se observó la ausencia de nuevas reglas e incentivos para alcanzarlos.

A unas cuantas semanas de la elección presidencial ninguno de los candidatos que tienen posibilidades de ganar ha planteado, durante su campaña, la importancia de la gobernabilidad y la forma de como alcanzarla.  No obstante que Felipe Calderón en su plataforma política señala que la integración de un Gobierno de Coalición sería el medio para lograrla. Analizaremos cómo su planteamiento tiene poca viabilidad de concretarse.  Veamos lo que proponen en esta materia los tres candidatos en sus respectivas plataformas.

Roberto Madrazo hace referencia a la necesidad de edificar un nuevo pacto político para darle gobernabilidad al país, pero sin precisar las reformas y medios para alcanzarlo.

                 “Es momento de defender y actualizar las instituciones de la República, para garantizar la gobernabilidad del país y evitar que la incapacidad deshaga al país. Insistimos en la urgencia de edificar un nuevo pacto político, para construir un nuevo régimen y darle al país la gobernabilidad que requieren sus profundas reformas.

                  Lograr un régimen político basado en el reconocimiento de la diversidad social y política, como el eje de organización y condicionante de la toma de decisiones en asuntos públicos Una nueva mayoría demócrata social que asuma el poder y apunta hacia un nuevo proyecto de equidad para el desarrollo nacional.”

                                    (PROYECTO. www.mexicoconmadrazo.org.mx )

Andrés Manuel López Obrador no sólo no expresa su preocupación por la necesaria gobernabilidad del país, sino que en uno de sus compromisos señala la imperiosa necesidad de “otorgarle prestigio y respetabilidad a la presidencia de la república”. La relación del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión lo circunscribe únicamente a lo que establece la constitución política, sin bosquejar la posibilidad de reformas al régimen político presidencial.

                  “La relación del Ejecutivo Federal debe partir del respeto a la autonomía del Poder Legislativo, pero tratando de encontrar puntos de acuerdo en beneficio del desarrollo social, económico y político del país.

                  Hoy, el Congreso es un espacio de mucha incertidumbre, sin un rumbo definido por la diversidad de fuerzas que lo componen y el equilibrio que guardan entre sí, pero con capacidad, fundamentalmente, para oponerse, mediatizar o cambiar las iniciativas presidenciales.

                 En este contexto, aunque siempre existirán intereses encontrados, deben buscarse márgenes de negociación para definir políticas comunes con el Poder Legislativo.  (50 Compromisos para Recuperar el Orgullo Nacional. Compromisos 47. www.lopezobrador.org.mx)

Felipe Calderón plantea la necesidad de “transitar del Sufragio Efectivo a la Democracia Efectiva”. Para alcanzarlo propone dos reformas que involucran al Congreso de la Unión y a los poderes municipales. Por una parte propone la necesidad de aprobar la elección consecutiva de Legisladores y Alcaldes, y  la disminución del número de legisladores.

Por otra parte, propone la necesidad de “impulsar la formación de mayorías y gobernabilidad”.  Su propuesta la circunscribe y la resume a la necesidad de integrar un Gobierno de Coalición.

                 “Al respecto, la solución es establecer un gobierno de mayoría. Sin la mayoría moderna de las urnas, es necesario entonces la integración de "Un Gobierno de Coalición". Esto es un gobierno sustentado en el acuerdo de dos o más partidos para formar una mayoría en el Congreso e impulsar una agenda común de gobierno. Esto implica compartir la responsabilidad de gobernar entre distintas fuerzas políticas comprometidas, de cara a la sociedad, en torno a un proyecto en común. No debe confundirse gobierno de coalición con un gabinete plural si llegara a integrarse. Es imperativo que esa pluralidad se traduzca en un apoyo legislativo que garantice la gobernabilidad necesaria para impulsar las reformas que el país requiere.” (La propuesta de Felipe. www.felipe.org.mx).

De los tres candidatos, puede observarse que Felipe Calderón es el que desarrolla su idea de cómo alcanzar acuerdos que garanticen la gobernabilidad en el país. Sin embargo, cómo decíamos más arriba, la viabilidad de su propuesta puede quedarse en las buenas intenciones. Veamos.

Al estudiar las alternancias y gobiernos divididos o sin mayoría, podemos decir efectivamente que hay casos de gobiernos divididos que van desde la polarización y el enfrentamiento, hasta aquellos que logran procesos de cooperación y acuerdos para abordar los problemas estatales. También hay casos dónde algunos grupos parlamentarios o legisladores han sido cooptados o corrompidos por los gobiernos estatales con el fin de “cooperar” con el Ejecutivo local.

En términos generales los gobiernos divididos en los estados ha provocado que los gobernantes se vean obligados a promover una comunicación fluida y sólida con todos los actores políticos so pena de verse sometidos a fuetes problemas de ingobernabilidad. A diferencia de lo que sucede a nivel nacional en los estados no se presenta una agenda tan complicada que no vaya más allá de los clásicos presupuestos estatales que tienen que aprobarse. Los estiras y aflojas no trastocan las instituciones locales ni tampoco  la estabilidad política.

El propio Vicente Fox siendo gobernador de Guanajuato, con una mayoría del PRI en el congreso local, no tuvo las dificultades para sortear acuerdos y mantener en paz y estabilidad al estado. Sin embargo, a nivel federal la dimensión ha sido radicalmente distinta.

Para empezar el Presidente Vicente Fox desaprovechó el capital político legado de los resultados del dos de julio del año 2000. En lugar de sentar las bases para un acuerdo político, antes, durante y después de la toma de posesión, optó por convencer mediáticamente al pueblo de México respecto a las bondades de su proyecto de reforma fiscal, y por desgastarse para “resolver” en quince minutos el conflicto Chiapaneco.

Su intención de integrar un gabinete plural sin que ello significara compromisos políticos con las principales fuerzas políticas de nada sirvió. Por el contrario, la exclusión del PVEM en el gabinete provocó tensiones con sus posibles aliados, cómo lo fue también con un sector de los promotores del voto útil.

Su posterior rectificación lo asumió sólo en el discurso, en el primer informe de gobierno se comprometió nuevamente con las llamadas reformas del estado y  con la necesidad de trabajar por una nueva constitucionalidad. Empero, las palabras no fueron acompañadas de intensas y constantes negociaciones para llegar a pactar un piso mínimo de reformas. 

El llamado Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, firmado el 7 de octubre de 2001 en Palacio Nacional por el Ejecutivo Federal y los representantes de todos los partidos políticos nacionales, resultó finalmente ser un llamado a misa: todos fueron, escucharon y firmaron, nada más.

Las lecciones de los pactos suscritos durante el proceso de transición a la democracia, entre el ejecutivo federal y los partidos políticos, no fueron leídas correctamente por el Ejecutivo Federal. Los acuerdos -si se quiere limitados y graduales- alcanzados en el periodo de Salinas y Zedillo se dieron gracias a que todas las partes mostraron decisión pero también coincidencias, obligados también por las circunstancias políticas del momento.

Con Carlos Salinas hubo una clara coincidencia de programa de gobierno con el Partido Acción Nacional. Sucedió lo que el panismo reivindicó como un triunfo cultural de su plataforma política. El PRD perdió una buena oportunidad para pactar de forma ordenada, junto con el PAN y el PRI, la transición a la democracia. Sin duda alguna, los agravios de julio de 1988 cometidos por el régimen en contra del FDN y Cuauhtemoc Cárdenas influyeron en tal sentido.

Con Ernesto Zedillo, el PAN nuevamente mostró interés y decisión por hacer valer un cogobierno, al integrarse uno de sus militantes más destacados al gabinete presidencial. En ese período existió la oportunidad de aprobar la tan esperada reforma energética, pero tal parece que el PAN no estuvo dispuesto a pagar los costos políticos que ello significaba. En materia política es dónde más avances existieron en virtud que, también, se lograron los consensos suficientes para que el PRD los suscribiera. La reforma que independizó al IFE del ejecutivo federal y que permitió la elección democrática del Jefe de Gobierno del DF, fue una muestra de que son posibles los acuerdos sustanciales entre las principales fuerzas políticas del país, con la condición de que todas las partes o la mayoría de las partes manifiesten plena voluntad, pero sobre todo, acuerdo o identidad en los contenidos y fines de las reformas. No obstante que en otros temas cruciales como la reforma energética y laboral ya no los hubo.

La pregunta es ¿es posible gobernar con un ejecutivo federal que su partido sea minoría en el congreso? Claro que si. El problema no es eso, el problema es si el país resistirá la espera de reformas económicas y políticas que se requieren para contar con una economía más sólida y con mayor crecimiento, con el fin de no seguir posponiendo la atención de los grandes problemas de inequidad y de desigualdad presentes en la sociedad.

Con el gobierno de Vicente Fox las buenas intenciones no dejaron de estar presentes, pero mostrando -al mismo tiempo- impericia en la operación política para traducir los discursos y documentos en pactos y acuerdos. Aunque  a decir verdad tanto el PRI como el PRD mostraron poca o nula voluntad política para lograr acuerdos en temas de gran magnitud. Le apostaron más a la confrontación que a la colaboración.

Hoy que Felipe Calderón propone la necesidad de un Gobierno de Coalición que sea producto de una mayoría estable en el Congreso de la Unión, desde mi perspectiva carece no sólo de reglas institucionales, sino también de condiciones políticas adecuadas. Ya no es suficiente haber dejado atrás la presidencia imperial por una democrática, ya no es suficiente que el Presidente en turno se conduzca de forma más republicana y con un discurso incluyente.

En otras latitudes, como en Latinoamérica, dónde se han constituido gobiernos divididos bajo regimenes presidenciales, se puede concluir que los presidentes habitualmente han tenido dificultades para conformar gobiernos de coalición confiables. Está demostrado también que los regimenes presidenciales funcionan mejor en la medida que el partido del presidente tenga mayoría en el parlamento. En algunos países, como Brasil y Chile -particularmente en éste último- las coaliciones gobernantes se han logrado tejer a partir de que las fuerzas integrantes tienen un gran consenso respecto de las transformaciones que el país requiere. En otros, las segundas vueltas electorales se han convertido en un pivote generador de acuerdos antes y después de las elecciones.

No es motivo de análisis en esta ocasión de cómo los regímenes presidenciales son más vulnerables a las crisis políticas, pero una cosa si es cierta, la mayoría de los países de América Latina que han sufrido serias crisis de gobernabilidad en los últimos años, encuentran su explicación en la fragilidad de su andamiaje constitucional: no existen reglas que permitan estabilizar de forma inmediata sus gobiernos y alianzas.

En nuestro país, recientemente, no hemos sufrido crisis serias de ingobernabilidad, pero si han estado presentes las confrontaciones constantes  entre los poderes, la parálisis legislativa y la falta de acuerdos en torno a las apremiantes reformas que el país y la sociedad requieren: en materia de seguridad y justicia, en materia energética, en materia electoral y  laboral por mencionar algunas, y que inciden directamente en la aplicación de políticas públicas que afectan o benefician directamente la calidad de vida de los mexicanos. 

Un Gobierno de Coalición o de mayoría, como lo plantea Felipe Calderón, “sustentado en el acuerdo de dos o más partidos para formar una mayoría en el Congreso e impulsar una agenda común de gobierno” fue uno de los tantos intentos que el gobierno de Fox quiso concretar a través de la Secretaría de Gobernación, pero que por las condiciones ya descritas no fue posible.  Un nuevo intento puede ser muestra de buena voluntad política o muestra de querer seguir gobernando con las viejas reglas del juego.

“Compartir la responsabilidad de gobernar entre distintas fuerzas políticas comprometidas, de cara a la sociedad, en torno a un proyecto en común” es buena divisa pero no necesariamente realizable. Incluso, si el Gobierno de Coalición se tradujera, al mismo tiempo, en un Gabinete Plural. Aunque son cosas distintas, la experiencia también nos ha demostrado que la integración de un gabinete donde participan dos o más partidos no es garantía para que en el Congreso se refleje una mayoría estable y disciplinada.

Estamos de acuerdo, desde luego, que el país requiere de una mayoría política y parlamentaria que saque adelante este país; que se integre con dos o más partidos, haciendo todas las combinaciones posibles: PAN-PRD, PRD-PRI o PRI-PAN. Sin embargo, no es un problema de ecuaciones ni de voluntarismo. Se trata, ante todo, que esa coalición gobernante sea estable y duradera, que tenga los suficientes incentivos y reglas para alcanzarlo.

Se trata, entonces, de modificar las reglas de integración del nuevo gobierno, de  dejar atrás la idea de que es suficiente que el presidente dialogue con los partidos para llegar acuerdos. No habrá acuerdos duraderos ni alianzas sólidas que garanticen la gobernabilidad del país mientras no se modifique la actual estructura constitucional del presidencialismo. Suena paradójico pero es así: contamos formalmente con un Presidente fuerte en términos legales pero en términos políticos muy débil, al mismo tiempo contamos con un Congreso formalmente débil en relación al Poder Ejecutivo pero fuerte en términos de correlación de fuerzas.

Existe plena coincidencia en la mayoría de analistas y especialistas del tema en el sentido que el actual régimen presidencial ya se agotó, que ya no corresponde a los grados de pluralidad política existentes, que es necesario formular nuevas reglas que permitan una real cooperación y corresponsabilidad entre los poderes legislativo y ejecutivo. El diseño constitucional actual, en razón a los altos índices de pluralidad del país, es más propenso a la confrontación y las desavenencias que para instalar una gobernabilidad democrática plena. La actual cohabitación de fuerzas en el país no cuenta con ningún incentivo legal para que ésta se traduzca en un gobierno de coalición de largo aliento.

La figura de Jefe de Gabinete, electo por una mayoría calificada del Congreso  a propuesta del Ejecutivo, así como la ratificación del gabinete por parte del Senado serían las mejores formulas y la garantía para que se instaure en nuestro país una coalición gobernante de largo alcance que tendrá, entre otras tareas y funciones, la de abordar las asignaturas pendientes en materia económica, política y social.