ALGUNAS
DEFINICIONES PARA UN PROYECTO Y DISCURSO
SOCIALDEMOCRATA EN MÉXICO
Ignacio Pinacho Ramírez
16 de Noviembre de
2001
El titulo de la ponencia
refleja no solo mucha ambición, sino probablemente la desesperada necesidad por
expresar puntos de vista distintos de los que comúnmente la izquierda
tradicional sostiene y bosquejar un proyecto de una izquierda actualizada,
renovada, que tenga la cualidad de ser una mejor opción para los ciudadanos y
para un gobierno demócrata comprometido con la libertad y la igualdad.
Esperamos, por lo menos, provocar la reflexión y el debate.
Para el caso mexicano, como en
otras latitudes, aunque con distintas prioridades programáticas, es posible
explorar una tercera opción o tercera vía, en el sentido que es necesario
superar el Estado nacional populista y el llamado Estado neoliberal, que han
arrojado saldos sociales, económicos y políticos que son urgentes atender desde
una perspectiva socialdemócrata.[1]
Tampoco se trata de negar la construcción de instituciones
y políticas, así como los obligados ajustes estructurales que impulso el estado
mexicano a través de los últimos decenios. Pero si es importante establecer que
ya no necesitamos un Estado asistencialista, paternalista y corporativo, pero
tampoco un Estado que deje de cumplir sus responsabilidades sociales, dejando a
la deriva del mercado la satisfacción de los bienes y servicios que necesita la
población.
Cuando hablamos de algunas
definiciones para un proyecto y discurso socialdemócrata en México, nos
referimos a la toma de posición ante conceptos y temas que pueden ser base
ideológica para la elaboración de políticas desde un horizonte socialdemócrata.
1.- Un Estado socialmente
responsable. Los desafíos de la globalización, de la revolución tecnológica
y los movimientos exorbitantes de capitales, han impactado fuertemente a los
Estado-nación, donde los elementos tradicionales de la soberanía nacional están
siendo rebasados por los acuerdos supranacionales. En estas condiciones no
debemos tener un Estado defensivo, donde la bandera de la soberanía nacional,
enarbolada por el nacionalismo revolucionario presente tanto en el PRI como en
el PRD, sea la bandera predominante ante el exterior. Como dice Arnaldo Córdova, no deberíamos de
preocuparnos demasiado por la integridad de nuestra soberanía nacional ni,
muchos menos, hacer de ella discursos demagógicos. Lo que debemos vigilar muy
de cerca son las decisiones que nuestros gobernantes tomen en los movimientos
de integración regional. La globalidad no ataca de frente a la soberanía. La autonomía
e independencia de los organismos regionales respecto de los Estados es un
sueño de opio.[2]
La discusión central en nuestra propuesta debe ser en el cómo y en que
condiciones debemos de jugar un mejor rol en el escenario internacional:
aprovechar todos los avances tecnológicos, los capitales para la inversión y
desde luego la llamada revolución de la inteligencia.
Empero, México, a pesar de ser
primer lugar productor de plata y sexto productor de petróleo, así como de los
países con mayor riqueza en recursos naturales, tenemos el lugar 35 en ingreso per
capita y el lugar 41 en inversión interna bruta; su distribución del
ingreso es una de las peores del mundo. El 10% de los hogares más pobres capta
el 4% de la riqueza y el 10% más rico se queda con el 55.3%. En el campo casi
60% de la población no ha recibido instrucción alguna o no termina la primaria.
Debido a estas inequidades México ocupa el lugar 50 en el índice de desarrollo
humano, que mide la calidad de vida y el lugar 59 en el índice internacional de
corrupción, que mide las percepciones de los propios habitantes sobre la índole
moral de su gobierno.[3]
De ahí la importancia que el
Estado no sólo tenga que ser dinámico y ofensivo en política internacional,
sino que internamente asuma su responsabilidad social, porque no es posible
seguir teniendo tanto rezagos sociales y un Estado incapaz de cumplir con sus
obligaciones constitucionales, particularmente en Educación, Salud,
Alimentación, Infraestructura y Vivienda. Las reformas al Estado mexicano en
los últimos años estuvieron concentradas en las privatizaciones, utilizando los
recursos liberados para programas asistenciales
y para el financiamiento de gastos corrientes. Aquí el error de la
izquierda fue que su estrategia fue cien por ciento reactiva y beligerante,
cuando la discusión pudo haber sido en el cómo orientar y bajo que marco
regulatorio este tipo de políticas económicas, que en todo caso sólo pueden
circunstanciales.
Hoy una de las vertientes de la
reforma del estado debe ser aquella que logre que el Estado cumpla socialmente
su responsabilidad. Y un paso obligado es el impulso de una profunda reforma
fiscal que nos acerque por lo menos al 20 por ciento de recaudación con
relación al PIB. La cultura del no pago
de impuestos que promueve el PRD desde el gobierno de la ciudad de México no
sólo es irresponsable, sino también es la promoción de una política populista y
corporativa del viejo régimen. Política de la cual debe deslindarse claramente
una opción socialdemócrata. Lo que aquí puede estar a discusión entre nosotros
es si la tributación indirecta al consumo debe ser el mecanismo más adecuado,
no el único, para incrementar los
ingresos del estado. Quienes nos pronunciamos en que sí, podemos agregar que su
sesgo regresivo tendría que ser compensado con una política redistributiva del
gasto social.
Lo más importante es que
entendamos que necesitamos un estado fuerte, como dice Felipe González,
musculoso y sin grasa, en el sentido que tenga agilidad, capacidad de
respuesta, responsabilidad ante los ciudadanos, transparencia en su
funcionamiento y legitimación democrática, porque la política sólo se legitima
socialmente.[4] Cómo dicen los socialdemócratas europeos,
necesitamos más y mejor capital humano, capital social y capital físico.
2.- Políticas macroeconómicas
sanas. No es común encontrar en el discurso de las izquierdas la
preocupación por mantener un equilibrio fiscal, un control estricto del gasto y
mantener baja la inflación, así como impulsar la libre flotación del peso. Estas
estrategias, para el caso de México, han estado más identificadas con la
derecha, que se explica en parte porque antes de su aplicación teníamos un
modelo de desarrollo que sustentaba su política en el endeudamiento, en la
sustitución de importaciones y en el control de cambio. No pocos dicen que la
lucha contra la inflación es enemiga del empleo y los salarios, cuando a estas
alturas está claro que la inflación es el impuesto más duro que puede haber
sobre la pobreza, sobre las rentas bajas, sobre los salarios y sobre las
pensiones.[5]
Lograr un equilibrio entre la
macroeconomía y la microeconomía, implica que nos debe interesar, como dice
Ricardo Lagos, los valores como la solidaridad, la equidad, la libertad, pero
también debe interesarnos el crecimiento económico, la eficiencia y los
equilibrios macroeconómicos.[6] En lo que respecta
a la deuda pública, a diferencia de otras visiones, tiene que ser vista como un
instrumento para la inversión y no para el financiamiento de gastos corrientes
o para programas asistencialistas. No debemos seguir teniendo un Estado que
gasta más de lo obtiene por ingresos fiscales. Si tuviésemos la capacidad de
ahorro suficiente podríamos hablar de déficit, pero lamentablemente no es
nuestro caso. Tenemos que familiarizarnos con el concepto de finanzas públicas
sanas, que no es otra cosa que el Estado sea responsable con sus ingresos y
gastos.
En el gobierno de izquierda
del D. F. se destina la deuda para acciones de filantropía y para obras
elementales y corrientes, no aparece la preocupación por la inversión
productiva. A Oscar Espinosa Villarreal se le reprochó que en sus seis años de
gobierno dejó endeudada la ciudad, cuando a cuatro años de gobierno perredista
casi se triplica la deuda que les heredó. Además, se impulsa una política del
no incremento de impuestos en servicios fundamentales bajo el argumento de que
los pobres no pueden pagar impuestos, provocando con ello la politización de un
deber que tiene todo ciudadano. Provocando con ello que los grandes rezagos de
la ciudad se pospongan indefinidamente.
El otro asunto que le da vueltas la izquierda tradicional
es el famoso asunto Fobaproa-Ipab. Desafortunadamente México no cuenta con un
sistema financiero sano y que cumpla con la función vital de canalizar el ahorro
de manera eficiente y equitativa para el impulso del desarrollo social y
económico del país. En 1998 se tuvo la oportunidad de cambiar de raíz la
política económica en relación a éste asunto porque los partidos tenían
conocimiento que desde el presupuesto de 1995 se gastaría mucho dinero para el
rescate bancario. Se politizó nuevamente un problema toral de política
económica y se terminó por desangrar más la economía, debido, entre otras
razones, a la falta de visión de estado de nuestros legisladores y a los altos grados de corrupción que prefirió
cubrir el gobierno en turno.
Con la creación del IPAB se
lograron algunos avances para definir las responsabilidades cuando el impacto
de los factores externos altere la estabilidad de las instituciones financieras.
En especial, la supervisión por parte del congreso y la aprobación que se
requiere para que el ejecutivo o el BANXICO acudan al rescate de empresas en
problemas, son un paso en la dirección correcta, sin embargo, hay una laguna,
producto del carácter limitado de la asistencia que puede prestar el IPAB. Si
vuelve a ocurrir una crisis sistémica, sería indeseable que el ejecutivo
actuara con discrecionalidad so pretexto de la urgencia de evitar un grave
percance.[7]
3.- El libre mercado y la Empresa. Durante décadas el mercado, a pesar
de su histórica existencia, fue visto como opuesto a la actividad económica del
Estado. A lo mucho se hablo de economía mixta, donde el Estado fue
predominante. La izquierda en México siempre estuvo del lado de las nacionalizaciones
sin definir sus objetivos económicos y sociales para el desarrollo nacional.
Ante las privatizaciones realizadas por los
gobiernos neoliberales su estrategia siempre fue la del rechazo, como si fuera
un principio ideológico, sin entender que las privatizaciones pueden ser
circunstanciales y que por lo tanto un recurso de política económica. Este tipo
de posturas, acentuadas durante el gobierno de salinas, terminaron por aislar a
la izquierda de un serio debate respecto a un necesario marco regulatorio.
Nuevas empresas públicas pueden ser creadas mañana, mientras otras se
privatizan hoy. En todo caso, debemos utilizar las privatizaciones para
fragmentar la propiedad y acentuar la competencia, evitando la sustitución de
monopolios públicos por monopolios u oligopolios privados.[8]
En nuestro país, prácticamente todas las
privatizaciones favorecieron a grupos de interés por encima del libre mercado y
sin que el Estado haya sido capaz de regularlas tomando en cuenta el interés
público y que estas sirvieran para promover la competencia comercial donde los
monopolios se imponían.
En congruencia, si no queremos monopolios
privados no confundamos entonces soberanía sobre nuestros recursos naturales
con monopolios estatales. Promover la competencia con sólidas empresas
estatales en el libre mercado implica que el capital privado tenga
posibilidades de participar en la generación, distribución y venta de energía.
Lo importante es que PEMEX y la CFE se modernicen para que compitan con calidad
y regulen los precios del mercado, sin poner en riesgo la soberanía sobre
nuestros recursos naturales. El nacionalismo de la izquierda revolucionaria no
permite resolver el problema en este sector y más bien lo prorroga.
Así como necesitamos de economías abiertas,
competitivas y exportadoras, el mercado y la empresa son parte de la realidad y
no de la ideología neoliberal, y no se combaten ni se derrotan con discursos ni
con políticas alternativas que no partan de asumirlas plenamente como el
terreno, con todo lo riesgoso y accidentado que se quiera, sobre él que estamos
obligados a construir.[9]
La socialdemocracia en México tiene que
entenderse con el mundo de la empresa, porque no sólo es acumulación de
capital, es también inversión, empleo y salarios. Satanizar la vida empresarial
arroja a éste sector a los brazos del PRI y del PAN. Irónicamente, podríamos
decir –lo que ha escrito Gabriel Zaid- que un puesto de tacos es más productivo
para el país que un puesto público.
4.- Cultura de la legalidad. Nuestra naciente democracia no va
acompañada de una impostergable cultura de la legalidad, del cumplimiento
estricto de la ley. Somos una sociedad acostumbrada a exigir nuestros derechos
pero poco dispuesta a cumplir con nuestros deberes. Crecimos bajo un régimen
que torcía la ley, ya sea para beneficiar o para perjudicar. La izquierda
tradicional también habituada a negociar o alterar la ley y el orden público,
sin hacer un deslinde claro respecto a la violencia; si le conviene exige la
aplicación estricta del derecho, si le afecta acusa de imparcial a los
tribunales. Circulo vicioso generado
tanto por tribunales parciales heredados del viejo régimen, pero también por la
preponderancia de la vieja cultura política.
Un sistema democrático no se garantiza sin un
Estado de derecho; la seguridad y la justicia no son viables sin el apego a la
legalidad. Es indispensable el fomento cultural de la legalidad, fortalecer las
instituciones para detener y desterrar los poderes informales y de facto, que
minan la confianza y promueven la inseguridad pública. Nos situamos en una gran
paradoja, mientras tenemos un país más democrático, tenemos un país más
inseguro que antes. Mientras la inseguridad se incremente se convierte en un
asunto de seguridad nacional. Comparto lo que señala Aguilar Camín, que, está
destruida la antigua seguridad pública fundada en la impunidad, la corrupción y
la ilegalidad sistemática con que suelen garantizar ese bien los regímenes
autoritarios. Ahora tenemos una sociedad más democrática, al tiempo que un
sistema de seguridad pública menos capaz de garantizar esa seguridad con apego
al estado de derecho.[10]
La democracia muy difícilmente podrá
consolidarse sin un Estado comprometido, tanto con su responsabilidad social
como con la legalidad, y los ciudadanos no crecerán mientras cierren los ojos
ante las arbitrariedades de otros y del poder. Lo mejor sería que el señor
Licenciado de paso a los abogados comprometidos con la justicia y la
legalidad.
5.- Lo Público y lo Privado.
La falta de claridad respecto a lo que es público y privado y sus respectivas
fronteras, se debe, entre otras causas, a la ausencia de un verdadero estado de
derecho. La nueva socialdemocracia no debe desentenderse de este grave
problema. Porque, como dice Milan Kundera, lo privado y lo público son por
esencia dos mundos distintos y el respeto a esta diferencia es la
condición sine quanon para que un
hombre pueda vivir como un hombre libre. Esta es una definición indispensable y
parte de una agenda pendiente para democratizar a la sociedad y a los poderes
públicos.
El proverbial patrimonialismo de
la clase política mexicana, heredera del patrón institucional de la corona
española, no es otra cosa que resultado de una idea de lo público que se
confunde con una tierra de nadie, aprovechable por aquel que tenga la
oportunidad de hacerlo. Lo público, desde esta perspectiva, es territorio de
conquista, no de convivencia.[11] Esto nos recuerda
los pomposos programas culturales de los tres primeros años de gobierno
perredista “La calle es de todos”.
Confundiendo no sólo las fronteras de lo público y lo privado, sino fomentando
la arbitrariedad a nombre también de la llamada sociedad civil. ONGs que a
nombre de la democracia, la libertad y la justicia con dignidad, y con la
anuencia de los gobernantes, toman territorios para liberarlos del
neoliberalismo o secuestran las universidades y las aceras a nombre de la
educación y el empleo. El mundo al revez. Si la calle es de todos entonces
nadie debe apropiársela.
A nombre de la libertad de prensa
y de información, los paparazzi se brincan la cerca y gozan de
impunidad, perjudicando otros derechos sagrados como el derecho a la vida
privada. Y esto sucede no sólo en el mundo de la farándula, sino en el de la
vida política. Políticos y medios de comunicación quieren sacar ventaja de las
privacidades de otros. Por eso la regulación de los medios es indispensable,
entre otras cosas, para delimitar las fronteras entre lo público y lo privado.
Determinar la privación de
intimidad esgrimiendo la libertad de prensa es tanto como justificar el robo
por motivos de justicia social. ¡Cuidado!, pues el fascismo es minar los
fundamentos de la libertad individual y eliminar las barreras entre la vida
pública y la vida privada.[12]
6.- Desarrollo sustentable.
El mundo y el país ya no deben seguir creciendo a costa de la naturaleza y de
los recursos utilizados de manera irracional. La utilización de alta tecnología
y el fomento de regiones económicas, indispensables para el desarrollo
nacional, no es contrapuesto al cuidado del medio ambiente. Por ello, tampoco
es justo que a nombre de la ecología, las costumbres y tradiciones, se intente
defender a las comunidades de los estados del sur del país exentándolas de
inversiones y programas de desarrollo. Tampoco se trata de aceptar programas de
gobierno como el plan Puebla-Panamá sin una planeación del desarrollo que
garantice la inclusión social y el ciudadano del ambiente. En este tema nuestra
postura no debe ser la del rechazo, sino tomarlo como una oportunidad para
debatir y definir políticas públicas para el desarrollo regional.
El cuidado de la biodiversidad y de la capa de ozono, como
políticas de estado, son indispensables para garantizar la reproducción de
nuestros recursos y aprovecharlos racionalmente para continuar preservando las
especies sobre la tierra y nuestros mares. Condición sin la cual las mejores
políticas y programas de gobierno, en ultima instancia, no sirven para nada.
7.- La Democracia como forma
de vida. La Democracia no sólo es un régimen o un sistema político, sino
ante todo una actitud ante la vida, una relación social que promueve valores y
principios como la libertad, la diversidad y la tolerancia, el respeto a la
ley, la igualdad de oportunidades, la libre competencia, la justicia, la
responsabilidad, entre otros, que son indispensables no sólo para el buen
funcionamiento de un sistema democrático, sino para la creación de una
civilización moderna capaz de sobreponerse a la guerra, a la violencia, al
racismo y al chovinismo, a la exclusión y marginación social.
La Democracia también podríamos
definirla como un sistema donde quepan todos, respetando los derechos de otros
y asumiendo cada quién su responsabilidad. En términos políticos, Humberto
Cerroni, nos enumera las “reglas del juego”, aún inacabadas en nuestro país,
como la regla del consenso, de la competencia, de la mayoría, de la minoría, de
la alternancia, de control, de la legalidad y de la responsabilidad.[13] Pero estas reglas sirven primordialmente para
elegir a nuestros gobernantes e instalar nuestras instituciones
representativas. Por lo cual nuestra democracia es representativa. No hay
vuelta de hoja; no hay democracia participativa porque no hay democracia no
participativa. En la democracia gobernamos a través de los gobernados; no gobernamos
en forma directa sino en ciertas circunstancias: en las elecciones, en los
referendos; pero cotidianamente, el gobierno lo ejercen los órganos técnicos
representativos, que son el parlamento y el ejecutivo, en sentido estricto.
Nuestra democracia es, pues, una democracia representativa.[14]
En este sentido, debemos de tener
cuidado con los demagogos, que dicen representar los intereses de todos o
primero los pobres, así como someter a consulta todas las ocurrencias de
gobierno. Hacer creer que el gobierno y la política es para todos, no sólo es
una farsa, sino que se demuestra la incapacidad, como dice Bobbio, de entender
el dicho que a perdurado a través de los siglos, que se deba dar al Cesar lo que es del César
con tal de que se permita dar a Dios lo que es de Dios. La vida de la gente
común se desarrolla en la mayor parte de los casos en espacios diferentes que
están fuera del área ocupada por la política, y que la política toca, pero no
cubre jamás del todo, y cuando los cubre es signo de que el individuo se ha
vuelto el engranaje de una máquina de la que no sabe exactamente quién es el
guía y a dónde lo lleve.[15] Por eso es común que los gobiernos demagogos
no sólo sean populistas, sino también autoritarios y perviertan, en nuestro
caso, la naciente democracia.
Lamentablemente la democracia
como costumbre tuvo una dificultad histórica para arraigar en México: la fusión
entre el poder y la fe. Debido a esta característica, el liberalismo
democrático mexicano retrasó su proceso de maduración; la iglesia y su rival
(el Estado porfiriano o revolucionario) trabajaban contra ella. Y son secuelas
lamentables: en nuestro siglo XX, el
dogmatismo y la intolerancia se secularon en México, se desplazaron de la
esfera religiosa a la ideológica. No sólo eso: formarían parte sustancial de la
retórica del PRI, pasaron a los partidos y sectas de las derechas y las
izquierdas, llegaron a las aulas universitarias confesionales o radicales, y en
los albores del siglo XXI siguen lastrando la cultura política mexicana.[16] De ahí la importancia de hacer de la
democracia, no sólo una política y un método, sino sobre todo una actitud y una
nueva relación social, que contribuya a alcanzar sus fines primordiales: la
libertad y la igualdad.
[1] Tercera Vía. Es un concepto utilizado muchas veces en la
historia de la socialdemocracia, incluso por corrientes políticas opuestas a la
izquierda. En México, podría acuñarse
éste término no sólo como un intento por
trascender tanto a la socialdemocracia a la antigua como al neoliberalismo,
sino para diferenciarnos del tripartidismo mexicano. Por cierto, Ricardo Lagos
señala que existen más coincidencias que desacuerdos con quienes propugnan la
“tercera vía” en Europa.
[2] El Desarrollo
del PRD. Arnaldo Córdova. Foros
de discusión. Documentos básicos.
[3] Las cifras en México Social, Banamex,
México, 1996. Citado por Aguilar Camín en México La ceniza y la semilla. Ediciones Cal y Arena.
[4] La crisis del Estado. Felipe González.
En Siete asedios al mundo actual. Nexos 243.
[5] Políticas
macroeconómicas sanas. Ibíd.
[6] La “tercera vía” latinoamericana.
Ricardo Lagos. Nexos 260.
[7] Fobaproa e Ipab: El acuerdo que no debió
ser. Gabriel Székely y varios autores.
Editorial Océano.
[8] Después del neoliberalismo:
Un nuevo camino. Jorge G. Castañeda, R. Mangabeira, entre otros. Nexos 243.
[9] A propósito del
PRD... Héctor Aguilar Camín. Foros de discusión Documentos básicos. Marzo
1998.
[10] México
La ceniza y la semilla. Aguilar Camín. Ediciones Cal y Arena.
[11] La frontera
ignorada. Los editores. Nexos 260.
[12] Lo público y lo
privado. Jaime Ramírez Garrido. Nexos 269.
[13] Reglas y valores en la democracia. Humberto
Cerroni. Alianza Editorial.
[14] Ibíd.
[15] El futuro de la
democracia. Norberto Bobbio. Fondo de cultura económica.
[16] Las costumbres
de la democracia. Enrique Krause. Reforma. 20 de mayo de 2001.
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