PENDIENTES DE LA REFORMA DEL ESTADO (*)
09/02/2012
Acertadamente Luis F Aguilar Villanueva señala que el
concepto de Reforma del Estado es muy extenso, ya que incluye gran cantidad de
temas que pertenecen a los ámbitos de política económica, política social,
administración pública, política electoral, a la naturaleza del Estado. El
concepto no es limitado al ámbito político como suele ser entendido por algunos
actores políticos.
Por otra parte, es pertinente señalar que la reforma
del Estado es y ha sido un proceso gradual pero continuo que se ha venido desarrollando
de manera destacada en las tres últimas décadas, a través de significativas
reformas que han dado vida a un nuevo régimen económico, social, político,
judicial e institucional. No es como erróneamente algunos sectores de la clase
política la conciben, que la gran reforma del estado aún está por venir, sin
señalar específicamente que entienden por ello. No hay sustancia solo
reiteraciones de lugares comunes.
Muchos cambios que el Estado Mexicano ha tenido en los
últimos tiempos han sido sustantivos. El más significado, sin duda, el nuevo
régimen electoral con instituciones propias, que permitió dejar atrás un
régimen político autoritario y estableció el pluralismo partidista y desencadenó
un nuevo equilibrio entre los poderes de la unión; en suma, un nuevo régimen
esencialmente democrático. En otros ámbitos los cambios también han sido
significativos, por ejemplo, la transformación de la Suprema Corte de
Justicia en un Tribunal Constitucional, la autonomía del Banco de México, la
creación de la CNDH, de la Auditoria Superior de la Federación, del Instituto
de Acceso a la Información Pública Gubernamental, la creación de instituciones
y legislaciones contra la discriminación y en pro de la tolerancia, el
empoderamiento de las mujeres y la equidad de género, los derechos sociales,
ambientales y de los pueblos indígenas.
Estos logros han ido
prefigurando una nueva relación entre el estado y la sociedad, y el desarrollo
-aunque incipiente- de una nueva cultura política, de carácter democrática. También
es preciso decirlo, muchos cambios e instituciones requieren de un nuevo
relanzamiento y abordar varias asignaturas pendientes como las relaciones laborales,
sindicales, las del sector de telecomunicaciones, energético, hacendaria; las del
ámbito de la seguridad pública, la procuración de justicia y otras de tipo
electoral.
Desde nuestro punto de vista
son dos las asignaturas que deben ser una prioridad para robustecer al Estado
como un ente eficaz y provisto de los instrumentos necesarios para enfrentar
los retos que más apremian a la política y a la sociedad. Me refiero a la
reforma del régimen político y al diseño de una política fiscal de estado.
Sin duda, nuestro régimen
político necesita una gran reforma que se traduzca en una mayor
corresponsabilidad, porque el actual régimen presidencial ni es el todo
poderoso que muchos alegan como tampoco el Congreso de la Unión es lo débil que
pareciera, tanto así que el primero suele ser bloqueado en muchas de sus
iniciativas de ley por el segundo y éste reforma leyes -como la electoral- a
imagen y semejanza de los partidos políticos o la tipificación de variados
derechos sociales o llamados de tercera o cuarta generación, pero sin proveer
al Estado y al Ejecutivo Federal de las herramientas y recursos suficientes para
hacerlos realidad.
Por ende, se requiere de una
nueva relación entre el congreso y el ejecutivo federal que redunde en una
mayor y mejor cooperación, a través de coaliciones gobernantes -permanentes y estables-
que abarque a ambos poderes. Algunas de las figuras político-jurídicas que
pueden y deben coadyuvar a ello son la creación de un jefe de gabinete o de
gobierno, nombrado por la coalición gobernante; la ratificación de ciertos
secretarios de estado, la segunda vuelta electoral en la elección presidencial,
la iniciativa preferente y, desde luego, la profesionalización y rendición de
cuentas de los legisladores, vía reelección legislativa y la acotación del
fuero constitucional.
En lo que respecta a la
política fiscal de estado, ésta se vuelve apremiante en la medida que los retos
que enfrenta el Estado Mexicano en relación a los marcados índices de pobreza y
desigualdad social son cada vez más lacerantes, que, si no son abordados como
asuntos prioritarios nuestro sistema democrático se volverá frágil e inoperante,
la gobernabilidad se verá amenazada. Estudios de cultura política nos indican
claramente las tendencias de la población de preferir regímenes no democráticos
mientras le sean atendidos y resueltos sus problemas. Esta situación se tiene
que prever y hacer del Estado un ente socialmente responsable
Si de estado fallido tendríamos
que hablar -aunque su caracterización nos pueda parecer exagerada- nos tendríamos
que referir precisamente a los problemas de la seguridad pública y nacional,
sino más bien y sobre todo en el ámbito social; al no contar con las políticas
públicas acertadas o lo suficientemente eficaces para disminuir sustancialmente
la pobreza y los grados de desigualdad social. Pero esto no va ser posible
lograrlo mientras contemos con un Estado fiscalmente pobre y que un 40 por
ciento de su presupuesto anual se constituye de los recursos petroleros;
además, de que año con año la deuda pública sigue siendo un instrumento que se
utiliza por parte del Congreso de la Unión para paliar la insuficiencia
presupuestal. Tenemos que voltear los ojos hacia otras latitudes, vgr. Europa,
donde ciertos países están atrapados entre sus altos endeudamientos y sus
responsabilidades de cumplir con sus extensos sistemas de seguridad social y de
pensiones.
Preocupa de sobre manera, que
en estos tiempos electorales todos los candidatos a puestos de elección
popular, incluyendo los candidatos a la presidencia de la república, de forma
irresponsable ofertan una infinidad de bienes y servicios a los electores sin especificar
ni comprometerse con las fuentes de financiamiento para hacerlos realidad. Y ya
instalados en el poder nadie se quiere hacer responsable de la aprobación y
aplicación de una política fiscal de gran calado, que redunde en un Estado
fiscalmente fuerte y eficaz para atender las prioridades nacionales.
Si la actual legislatura no abona en
este sentido, tendrá que ser la próxima legislatura con la nueva Presidencia de
la República, las que adopten y pacten las reformas correspondientes para
concretar estas dos asignaturas pendientes y urgentes de la reforma del estado:
la del régimen
político y la del régimen fiscal.
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